Resumen

La asistencia jurídica internacional (en adelante AJI) en materia penal se ha consolidado como un eje de la cooperación internacional frente a la delincuencia organizada transnacional y la corrupción. En Honduras pese a una amplia adhesión a convenciones universales y regionales (Viena 1988, Palermo 2000, Mérida 2003 y OEA 1992, entre otros) No existe una ley de asistencia jurídica mutua, lo que provoca dispersión normativa y múltiples autoridades centrales (AC) según el instrumento aplicable. En este estudio con enfoque doctrinal y derecho comparado, así como, análisis normativo se identifican vacíos (ausencia de procedimiento único, formalismos, rezago ante evidencia digital, débil trazabilidad estadística) y cuellos de botella operativos (firmas seriadas, legalizaciones, traducciones). Los resultados muestran que el Ministerio Público ejecuta materialmente las asistencias, aun cuando la AC formal sea otra; esto evidencia intermediaciones que ralentizan la cooperación entre otros aspectos que inciden en la simplificación y celeridad que debería tener idóneamente el procedimiento. Por ello, se propone una Ley de Asistencia Jurídica Mutua que, entre otras cosas, unifique las AC, estandarice formularios, prevea la incorporación de firmas y apostilla electrónica, permita la regulación de evidencia digital. Los lineamientos de la propuesta de legislación sugerida tienen coherencia con los estándares de la ONU/OEA, garantizando el debido proceso, la proporcionalidad y especialidad del procedimiento, fortaleciendo la confianza para Honduras como socio jurídico en la lucha contra la criminalidad transnacional.

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